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La Consellería de Presidencia prepara una reforma en profundidad del modelo de funcionariado que culminará con la aprobación de una nueva Lei de Función Pública que estará lista a finales de 2009. El primer paso que ha dado la Xunta ha sido encargar a un grupo de quince expertos que elaboren un diagnóstico sobre la situación actual y planteen sus propuestas. Una de las principales novedades que estos asesores plantean es rebajar de 18 a 16 años la edad mínima para presentarse a una oposición y conseguir plaza de funcionario. Además, consideran adecuado que los extranjeros, sean o no comunitarios, puedan acceder a las plazas convocadas por el sistema público de salud para paliar así el déficit de médicos y personal sanitario que arrastra la comunidad gallega.
Aunque se apuesta por llevar a cabo una rebaja genérica de la edad para poder ser funcionario, los expertos reclaman a la vez que se pongan límites en la edad de los aspirantes a determinados puestos, unos límites que deberán variar según la categoría profesional.
En cuanto al acceso de profesionales extranjeros a las plazas ofertadas por el Sergas, hasta ahora se requería la nacionalidad española para poder presentarse a estas oposiciones, y sólo en algunos casos se permitía la entrada de personas de otros países siempre que perteneciesen a la UE. Los autores de Documentos para a reforma da función pública consideran que debe hacerse una excepción a esta regla en la nueva ley “en atención a las especiales circunstancias que concurren en el ámbito sanitario motivadas por el déficit de facultativos”.
El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, explicó ayer que estas propuestas son la “opinión” de un grupo de especialistas en relación con la función pública, pero aclaró que serán la base para discutir la nueva ley que prepara su departamento. Entre los asesores consultados por la Xunta están desde altos cargos del Gobierno gallego, catedráticos de las tres universidades, directivos empresariales y representantes de la Justicia y la Administración local. De hecho, Romeu destacó como una de las novedades del documento que los funcionarios municipales estén regulados por una ley autonómica.
La regulación de los altos cargos también sufrirá cambios. El documento propone profesionalizar al personal directivo, es decir, los empleados que accedan a puestos de responsabilidad deberán tener formación específica. Además, se propone que como mínimo el 10% de sus retribuciones dependan del cumplimiento de objetivos.
Precisamente, con respecto a la futura política de incentivos de la Xunta, el conselleiro de Presidencia descartó primar económicamente a los funcionarios más productivos, aunque sí abogó por que se impulse su carrera profesional. Méndez Romeu recordó que el marco retributivo de los funcionarios “tiene un techo” (que son los presupuestos, en los que se fija un tope del incremento salarial) y los complementos, en los que admitió que existe “un margen de negociación para responder a las necesidades de determinados puestos”.
Incentivos
Méndez Romeu descarta los incentivos económicos para los funcionarios más productivos aunque aboga por promocionar su carrera
En cuanto a la promoción de las carreras profesionales, Méndez Romeu explicó que, “tradicionalmente”, estuvo muy ligada a la “antigüedad” y mostró su voluntad de que esto cambie “para que se tenga en cuenta, pero que no sea un factor determinante”.
Del mismo modo, rechazó la posibilidad de que pierdan su plaza aquellos funcionarios con menor rendimiento laboral, porque la “característica principal” de los puestos públicos es, a su juicio, la “inmovilidad”. “No pueden ser destinados ni cesados discrecionalmente. Es la garantía de que los funcionarios sirven a los intereses públicos con independencia de los cambios en los gobiernos”, dijo.

Una agencia especializada en la evaluación de los empleados públicos

El documento que servirá de base a la nueva Lei de Función Pública plantea la creación de una agencia especializada que hará seguimiento del trabajo de los funcionarios. Hasta ahora existían comisiones dentro de la Administración autonómica que realizaban las evaluaciones, pero el grupo de expertos considera que su funcionamiento no era del todo eficaz y, por esta razón, proponen externalizar esta tarea en una agencia.
Sobre la posibilidad de fijar incentivos económicos, el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, explicó que la propuesta de los expertos es “conservadora”. Así, se mantendrá el régimen actual de retribuciones, aunque se favorecerá a los funcionarios que más trabajen con ascensos. Hasta ahora para subir en la escala profesional tenía más peso la antigüedad, pero el conselleiro abogó por introducir cambios para beneficiar a los empleados más eficientes.
La nueva Lei de Función Pública ampliará también el catálogo de actuaciones sancionables dentro de la Administración.

Fuente: Laopinioncoruna.es

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